Segunda Oportunidad · Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5.ª
Desviar la facturación a otra sociedad: Sevilla confirma el concurso culpable y una indemnización de 664.024 euros
La sentencia 343/2026 analiza un traspaso sin contrato ni precio acreditado, rechaza la nulidad por falta de vista y examina la legitimación de la sociedad para recurrir. Es un asunto de calificación concursal, con relevancia indirecta para la Segunda Oportunidad.

Un concurso empresarial, no una resolución de exoneración
La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla confirma en su sentencia 343/2026, de 2 de junio, la calificación culpable del concurso de una sociedad. La decisión mantiene los pronunciamientos de primera instancia, entre ellos una indemnización de 664.024,13 euros más intereses, impuesta solidariamente a los administradores afectados y a la sociedad declarada cómplice. Debe precisarse el alcance desde el comienzo: este procedimiento no resuelve una solicitud de Segunda Oportunidad de una persona física. Examina la conducta de quienes intervenían en una empresa concursada. Su interés para estudiar una futura exoneración es indirecto: permite comprender por qué deben investigarse las operaciones patrimoniales y las responsabilidades concursales previas, sin confundir el concurso de la sociedad con el de sus administradores.
Qué se discutía sobre el traspaso del negocio
La sociedad recurrente defendía que el traslado de actividad a otra empresa respondía a una razón comercial. Según su versión, un cliente principal quería que la entidad prestadora del servicio de alquiler de oficinas y puestos de trabajo tuviera su sede en Madrid. Ello habría justificado crear otra sociedad y acordar un traspaso con precio, pagos y facturación de gastos. La Audiencia no considera acreditada esa explicación en los términos necesarios para descartar las causas de culpabilidad. Observa que la facturación relacionada con el activo principal pasó a otra sociedad controlada por el mismo sustrato social, mientras la concursada seguía prestando los servicios y soportando parte de los gastos. El problema no era simplemente abrir otra empresa, sino desplazar ingresos sin demostrar una contraprestación real y suficiente para el patrimonio que los perdía.
Por qué la Sala aprecia salida fraudulenta y simulación
El tribunal destaca varios elementos que se refuerzan entre sí: no existía un contrato de traspaso; no constaba acreditado el pago del precio; las facturas y transferencias invocadas no coincidían con el importe supuestamente pactado; alguna era anterior a la transmisión de la facturación; y no se demostraba que los pagos respondieran a algo distinto de sufragar parte de los gastos. Además, procedían de ingresos generados por los propios clientes de la concursada. Sobre esa base, la Sala considera suficientemente probadas la simulación del traspaso y la salida fraudulenta de bienes y derechos. La discusión se enmarca en los artículos 443.2.º y 443.3.º TRLC, invocados en el recurso. No se trata de presumir fraude por la mera vinculación entre empresas: son las circunstancias concretas de la operación y su falta de justificación documental y económica las que sostienen la confirmación. Como consecuencia práctica, alegar una necesidad comercial no sustituye la prueba del negocio realmente celebrado, el valor transmitido, la contraprestación y su efectivo ingreso en la sociedad.
La falta de vista: hubo irregularidad, pero no nulidad
La concursada pidió anular las actuaciones porque no se había celebrado la vista solicitada. Había anunciado dos periciales contables y la declaración de un representante de la empresa cliente. La Audiencia reconoce que se omitieron reglas procedimentales: no se señaló vista ni se justificó mediante resolución motivada su omisión por inadmisión de la prueba. Sin embargo, distingue la irregularidad de la indefensión efectiva exigida para declarar la nulidad. Las periciales seguían sin aportarse después de un tiempo prolongado, incluso al recurrir; tampoco se concretaban los hechos controvertidos que debían demostrar. La Sala no aprecia utilidad en la declaración del tercero para determinar si fue simulado un traspaso entre otras sociedades. Añade que no se recurrió la diligencia de 2 de mayo de 2024 que dejó los autos pendientes de sentencia. Considerando conjuntamente esas circunstancias, rechaza que la ausencia de vista hubiera producido una indefensión material. Este razonamiento no concede una autorización general para omitir vistas: exige valorar la prueba concreta, su utilidad y la reacción procesal de la parte.
Quién puede recurrir: las dudas sobre el perjuicio de la sociedad
La resolución dedica un apartado a la legitimación de la sociedad concursada. La Sala cuestiona que exista un interés propio suficiente para combatir una calificación cuyas consecuencias personales recaen sobre administradores y cómplice, cuando algunos efectos patrimoniales favorecen a la masa de la sociedad. Examina la doctrina anterior citada en las oposiciones y la modificación del artículo 509 TRLC por la Ley 16/2022. Su razonamiento exige conectar la intervención del concursado con un interés legítimo concreto y distinguir su posición de la defensa de las responsabilidades individuales de terceros. Este apartado debe leerse con cautela. La Audiencia expresa dudas y una interpretación del marco legal, pero después examina el fondo y considera probadas las causas de culpabilidad. El fallo desestima la apelación y confirma la sentencia. No procede convertir esas dudas en una regla universal según la cual ninguna sociedad pueda recurrir la calificación de su concurso.
Qué consecuencias se mantienen
La sentencia de primera instancia, reproducida por la Audiencia, calificó el concurso como culpable, declaró afectados a dos administradores y estableció inhabilitaciones de diez y cinco años, respectivamente, para administrar bienes ajenos y representar a otras personas. También declaró cómplice a la sociedad receptora de la actividad. Los afectados y la cómplice perdían sus derechos como acreedores concursales o de la masa y quedaban condenados solidariamente a indemnizar a la concursada en 664.024,13 euros más intereses. La Audiencia confirma la resolución e impone las costas de la apelación a la recurrente. La indemnización descrita responde a los daños y perjuicios del caso; no debe presentarse sin más como una condena a cubrir todo el déficit concursal.
Qué aporta al estudio de una Segunda Oportunidad
La conexión con una eventual EPI requiere un examen separado. Si un administrador solicita después la exoneración de sus propias deudas, deben comprobarse su participación en otros concursos, las resoluciones que le afectan, las fechas, la firmeza y la naturaleza de cada responsabilidad. Esta sentencia no decide si esos administradores pueden obtenerla ni si la indemnización sería exonerable. También muestra la necesidad de aportar contratos, valoraciones, movimientos bancarios, facturas y justificación de operaciones con personas o sociedades vinculadas. Desde la defensa, importa presentar las periciales en tiempo y explicar qué hechos pretenden acreditar. Desde la perspectiva de los acreedores, resulta relevante reconstruir quién recibió los ingresos, quién prestó los servicios y quién asumió los gastos. La valoración judicial depende de esa prueba, no de la denominación formal de la operación.
Identificación y acceso al texto íntegro
SAP Sevilla, Sección 5.ª, 343/2026, de 2 de junio; recurso 857/2025; concurso 690/2022 del Juzgado de lo Mercantil n.º 3; ponente Conrado Gallardo Correa; ROJ SAP SE 1817/2026; ECLI:ES:APSE:2026:1817; Id. CENDOJ 41091370052026100337. Texto íntegro oficial: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/98c742ef69b9bd24a0a8778d75e36f0d/20260827 Referencias analizadas: artículos 443, 451, 509 y 540 TRLC; artículo 238.3.º LOPJ y reglas de apelación citadas por la Sala. No se ha acreditado firmeza posterior. Comentario basado en la copia íntegra aportada, referido al 16 de octubre de 2026.
La resolución y sus fuentes
- Órgano
- Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5.ª
- Sentencia
- 343/2026 · 2 de junio de 2026
- Recurso
- 857/2025
- ECLI
- ECLI:ES:APSE:2026:1817
- Régimen analizado
- Concurso 690/2022; sentencia de instancia de 13 de diciembre de 2024. La Sala utiliza el TRLC y razona sobre la reforma del artículo 509 por la Ley 16/2022. Comprobar régimen temporal antes de trasladar el criterio a otro concurso.
- Fuente consultada
- Copia judicial íntegra CENDOJ aportada por el usuario; identificación contrastada en el buscador oficial
Concurso de persona jurídica: no concede, deniega ni revoca una EPI. No consta firmeza. La Sala expresa dudas sobre legitimación pero también desestima por el fondo; no proclama una prohibición universal de recurso para sociedades. No toda transmisión entre vinculadas es fraudulenta. Importes y responsabilidades corresponden a este caso.
Información general. La aplicación a un asunto concreto requiere revisar sus hechos, documentos y régimen jurídico.
Prepara tu consulta
Responde a trece preguntas sobre deudas, ingresos y bienes y obtén un resumen para el despacho.
Rellenar el cuestionario inicial ↗Orientación inicial, sujeta al estudio de tu documentación.